EL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS (I)

Escrito por lasuertesonriealosaudaces 19-07-2009 en General. Comentarios (20)

 

MULTILATERALIDAD Y SENADO

 

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Hace tiempo que quería tratar el tema del estado de las autonomías, pero tengo tantas ideas en mente que nunca he sabido por donde empezar, ni como plantearlo, así que supongo que haré más de un post sobre este tema.

 

El estado de las autonomías en España es algo convertido prácticamente en tótem de la democracia actual. Todos los comentaristas políticos de todas las ideologías lo han valorado como algo muy positivo para el país, reparando escasamente en sus deficiencias, que las tiene y muchas. Es, junto con la monarquía, algo que parece incuestionable, algo que parece no tener crítica posible. Las únicas discrepancias sobre este tema están en su posible desarrollo, pero nunca en su realidad actual. No sé si solamente UPyD ha dicho algo alguna vez.

 

Quiero marcar mi posición desde el principio. Las autonomías han sido algo globalmente positivo para España. Sin embargo, creo que tienen muchos aspectos negativos, y que estos aspectos negativos se están potenciando mucho en los últimos años gracias a la actitud de los gobiernos autonómicos, que se han refugiado en un localismo con ciertos tintes de caciquismo como método para mantener el poder de forma indefinida en las respectivas comunidades.

 

Para empezar, creo que el estado de las autonomías está “mal parido” desde un principio. La forma institucional de las actuales autonomías se creó durante la II República para un contexto donde sólo algunas regiones tendrían autonomía, mientras otras (la mayoría) no la tendrían. El estado republicano realmente era unitario y unicameral, por lo que estas autonomías eran como una especie de cesión de ciertas competencias a distintas regiones, dentro de las cuales la autonomía hacía lo que quería, sin necesidad de “coordinación” con otras autonomías.

Pero en el marco jurídico de la constitución de 1978 España es un estado autonómico, es decir, está compuesto por autonomías que abarcan todo el territorio. En el fondo, es un estado cuasi federal, compuesto por entidades más pequeñas. Sin embargo este estado cuasi federal, a pesar de disponer también de un senado, está formado por entidades de una realidad jurídica similar a las de las II república, pensadas para ser “rarezas”.

 

En este contexto, no existe una realidad institucional claramente estructurada en la que las distintas comunidades autónomas puedan coordinarse entre ellas. Teóricamente, en los países federales, el senado es la cámara de las regiones/ autonomías/ estados. En él, se coordinan las políticas que son exclusivas de las regiones, pero que a su vez deben ser coordinadas entre todas, creando una situación de multilateralidad.

Sin embargo en España no hay un senado con competencias autonómicas reales. El senado que hay en España es como esos órganos que tenemos en el cuerpo humano porque, en momentos evolutivos anteriores, han tenido alguna función, pero que actualmente o no los tienen, o podemos prescindir perfectamente de ellos.

El senado en España es, pues, una herencia del pasado constitucional español, de las antiguas monarquías constitucionales de Alfonso XIII, Alfonso XII, Amadeo I e Isabel II. Recordemos que el senado, antiguamente, era la cámara que permitía a los reyes (mediante su derecho a designar senadores) controlar al congreso, más democrático y “popular”, y así controlar la política de la nación.

 

Bien, pues este senado, que no se sabe muy bien para que sirve, al no poder gestionar las distintas aplicaciones de las leyes generales que deben realizar las comunidades autónomas, se convierte en un órgano casi parasitario, que vale para poco más que para mantener centenares de nóminas de senadores y demás.

Y la consecuencia inmediata de esto es que en España, en las negociaciones en las que entran las comunidades autónomas, no existe el concepto de multilateralidad, si no que las negociaciones entran dentro de la bilateralidad Gobierno central-Gobierno autonómico.

Todos hemos visto a donde lleva eso. Una vez entramos en el campo de la bilateralidad, las comunidades autónomas con gobiernos nacionalistas venden su apoyo parlamentario en el congreso al partido del gobierno a cambio de “ventajas” y beneficios en las negociaciones bilaterales que mantienen. Eso provoca que las autonomías sin estos partidos nacionalistas se quejen (a veces con razón, otras sin ella) de ser discriminadas respecto a las anteriores.

 

Si analizamos las últimas negociaciones sobre la financiación de las comunidades autónomas podemos observar algo se esto. Si observamos como se desarrollan estas negociaciones veremos que, desde las comunidades, están sustentadas sobre dos ejes, política de partido a nivel nacional y prebendas.

Todas las comunidades del PP se han opuesto porque su partido (y su interés victimista) se lo demandan. Cualquiera que hubiese sido la propuesta de financiación estas comunidades se hubiesen mostrado disconformes por sistema. Por otro lado, todas las comunidades del PSOE están a favor. Cualquiera que hubiese sido el modelo, estas comunidades hubiesen acabado por aceptarlo, aunque a lo mejor si se hubiesen mostrado poco conformes.

Y los nacionalistas, como no están en el poder, se muestran en contra groseramente. La misma financiación con ellos en el poder, siendo ellos quienes tuviesen el placer de sacarle algo al gobierno, hubiese sido apoyada fuertemente, y vendida a sus sociedades como una victoria sobre el tacaño gobierno central.

 

¿No sería mejor que esta financiación (por lo menos parte) se negociase en un senado verdaderamente útil? Si la señora presidenta de la comunidad de Madrid tiene problemas con la financiación de Cataluña, que se lo diga a la cara al president Montilla, y busque apoyos en las comunidades para que su propuesta salga adelante. Si Montilla tiene algún problema, que les diga claramente a los demás presidentes que quiere más dinero que ellos en un mismo foro.

 

Lo aplicable a este caso de la financiación (que he usado por ser el de más actualidad), es todavía más claro en otros casos: Política hídrica, servicios sanitarios, sistemas de extinción de incendios, etc. Todas ellas son competencias de las comunidades, pero no tiene ningún sentido que cada una actúe bajo su exclusivo parecer y sin coordinación, porque esto crea, o bien una diferencia de derechos, o bien dificulta su correcto funcionamiento.