La mano dura

Escrito por lasuertesonriealosaudaces 10-12-2010 en General. Comentarios (6)

 

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Con los aeropuertos normalizados Manu militari creo que ha llegado el momento de analizar con cuidado la crisis de los controladores, las opiniones y las posibles consecuencias de todo esto.

 

En términos generales estoy bastante conforme con la actitud del gobierno. Ante una huelga tan agresiva por parte de un colectivo privilegiado, que utiliza su fuerza paralizadora para profundizar en sus privilegios que siempre considera pocos, era procedente una actitud contundente como la que ha tenido el gobierno. Una huelga encubierta, fingiendo bajas médicas para poder hacerla es, además, cobarde y aún más inmoral.

El gobierno reaccionó enérgicamente en muy pocas horas, y procedió rápidamente a una militarización del espacio aéreo y, después de unas horas, a declarar el estado de alarma. Podremos criticar cosas al gobierno, pero su rapidez y determinación no son cosas que se le puedan criticar. Lamentablemente, a mucha gente no le valió esta celeridad, y miles de personas perdieron sus vacaciones y reservas.

 

Las críticas que se han escuchado de la mayoría de los partidos políticos son improcedentes desde mi punto de vista. Decir que el gobierno no ha sabido gestionar la crisis no tiene sentido, pues poco se podía hacer con un colectivo así y en una situación en la que deber de corregir unos privilegios tan acusados. La crítica de que no debía haberse aprobado ese decreto justo antes del puente ha sido desmontada por la realidad que ahora conocemos de que muchos controladores iban a abandonar sus puestos por considerar subjetivamente que habían hecho las horas máximas (razón por la que se aprobó urgentemente el decreto).

Pero creo que sí hay cosas que comentar, y cosas que conviene aclarar, porque esta crisis se ha solucionado de una manera que podría tener unas consecuencias peligrosas en malas manos. Me refiero, como no, a la declaración de estado de alarma.

 

La constitución Española indica que se puede declarar el estado de alarma en las siguientes circunstancias: “1- Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. 2- Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. 3- Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. 4- Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y concurra alguna de las circunstancias o situaciones anteriores.

En la paralización del tráfico aéreo en España se dio, como indica la ley, una paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad, pero ni había una crisis sanitaria, ni una catástrofe ni desabastecimiento. Cuando se hizo esta definición de las circunstancias en las que se puede declarar un estado de alarma es posible que el legislador, allá por mediados de los 70 y referenciándose en otras legislaciones anteriores en España o extranjeras más antiguas, no pudiese prever hasta qué punto el tráfico aéreo se convertiría en algo fundamental en un estado moderno, sin embargo leyendo la ley parece que el estado de alarma no puede declararse por una paralización de los transportes per se.

Este punto es más importante de lo que parece. A pesar de que en este caso nos pueda parecer que la contundencia en este caso era justificada, es importante que los gobiernos sean escrupulosamente cuidadosos en la aplicación de la ley. El estado es una máquina poderosa, que no debe extralimitarse en ningún caso porque podría caer fácilmente en el abuso. Y no es que en este caso el gobierno haya implementado una fuerza excesiva, el problema es que este precedente por el que se ha declarado el estado de alarma podría extrapolarse inapropiadamente a casos parecidos. Por ejemplo, ¿Y si los sindicatos paralizan el metro de Madrid otra vez? ¿Estaría justificada la declaración de estado de alarma entonces? ¿Y si es una ciudad más pequeña?

 

Estas preguntas son importantes, igual que es importante no caer en estados de ánimo reactivos. Quiero decir con esto que no es justificable exabruptos como que deben meterlos en la cárcel a todos, que se deben sustituir por controladores militares, o desear reacciones enérgicas muy agresivas. Además, debemos ser cuidadosos en el análisis de las reclamaciones de los controladores, porque es posible que algo de lo que reclaman, aunque sea accesorio o mera cosmética para justificar la exigencia de sus privilegios, pueda ser razonable o conveniente para el buen funcionamiento del tráfico aéreo en España.

Los controladores exigen, por ejemplo, que sus horas de trabajo sean menos debido al enorme estrés de su trabajo y a que es necesario estar en un estado psicológico perfecto para ejercerlo. Según ellos en otros países las horas de trabajo anuales por controlador son menores. Es posible que esta reivindicación sea lógica, y sería adecuado aumentar la plantilla de controladores para minimizar las horas, pero obviamente los sueldos de los controladores deben ser reducidos proporcionalmente.

También pueden ser razonables las críticas del portavoz de los controladores contra la “privatización” de la escuela de controladores aéreos. Podríamos hablar mucho de esto y concluir que la “privatización” de estas enseñanzas responde a la endogamia y a la limitación en la promoción de nuevos controladores, producto del interés de mantener un colectivo reducido para la permanencia de sus privilegios. Pero en términos generales es mejor una oposición del estado antes que una escuela privada que limitará el acceso a muchas personas que no puedan o quieran pagar 40.000 euros para recibir la enseñanza necesaria. Si de lo que se trata es de evitar la coacción siempre hay otras vías, como tener preparados controladores militares realmente cualificados para tal fin. Si se trata de evitar la endogamia no hay más que cambiar las bases de selección. Es una pena que siempre se camine en el sendero fácil y se solucionen todos los problemas privatizando. Ojala llegue un gobierno alguna vez que consiga hacer importante progresos en el funcionamiento y rentabilidad de las empresas públicas, y que nos aleje del simplísimo dogma de que la única manera de mejorar un servicio público es privatizarlo.

 

Me gustaría acabar con una reflexión general. Que se neutralice a un colectivo privilegiado como los controladores aéreos me parece bien, y demuestra una determinación valorable. La lástima es que otros muchos colectivos privilegiados en nuestro país no vean ni una pequeña parte de la determinación que ha tenido el gobierno en este caso para minimizar sus privilegios, es más, los vean mimados. Se ha hablado que el gobierno podía tener la misma determinación contra la banca y aunque esta frase es demagógica y populista, y obviamente hay unas consecuencias colaterales muy peligrosas de tomar esas determinaciones con colectivos de este estilo, creo que muestra un estado de ánimo y una exigencia que, de forma abstracta, es razonable.

No me puedo quitar la sensación de que el gobierno ha sido contundente en este caso porque era un caso simple y porque caminaba a favor de la opinión pública. Pero la valía de un gobierno y sus actuaciones a favor del bienestar colectivo y contra los abusos no se demuestra en un caso así, de demuestra en el complicadísimo campo de la política económica internacional y en la gestión de privilegios consolidados de grandes colectivos económicos. Ahí es donde quiero ver el “socialismo” que ataca el privilegio injustificado y que desea el bienestar colectivo. Socialismo que, por ahora, brilla por su ausencia en las políticas de este gobierno excepto en casos políticamente muy rentables.